Se trata de un requisito imprescindible para poder contratar con cualquier Administración Pública (nacional, autonómica, local) como CONTRATISTA DEL ESTADO cuando el importe de la obra sea igual o superior a 350.000€  o estemos ante una prestacion de servicios por un importe igual o superior a 120.000 €, con alguna pequeña excepción. Es un requisito obligatorio de carácter administrativo que no puede suplirse por cualquier forma de acreditación de dicha capacidad, cuando legalmente sea exigible estar clasificado como contratista del estado o, lo que es lo mismo, clasificada ante la Junta Consultiva.