La ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción ha entrado en vigor el pasado 19 de abril, con el objetivo de limitar la subcontratación y limitar y controlar las subcontratas, lo que deberá combatir la siniestralidad laboral.

La norma recoge la creación de un registro en el que deben estar las empresas que pretendan actuar como subcontratistas en el mercado español de la construcción y la implantación de un libro de subcontratación.

La ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción ha entrado en vigor el pasado 19 de abril, con el objetivo de limitar la subcontratación y limitar y controlar las subcontratas, lo que deberá combatir la siniestralidad laboral.

La norma recoge la creación de un registro en el que deben estar las empresas que pretendan actuar como subcontratistas en el mercado español de la construcción y la implantación de un libro de subcontratación.

En esos libros deberán figurar todas y cada una de las empresas que han intervenido o intervienen en las obras, así como el objeto de cada contrato, la identificación de la persona que ejerce las facultades de organización y dirección de cada subcontratista y sus planes de seguridad.

Además de limitar la subcontratación, la nueva ley fomentará la contratación estable al obligar a las empresas que operan en el sector a contar con un nivel mínimo de empleo fijo.

Durante los 18 primeros meses de vigencia de la ley, al menos el 10% de los trabajadores de cada empresa de la construcción deberán ser fijos. Transcurrido ese tiempo, el porcentaje mínimo de trabajadores con contrato indefinido será del 20%. Cuando la norma lleve en vigor 36 meses, al menos el 30% de los trabajadores de cada empresa del sector tendrán que ser fijos.

La ley fijará un único nivel de subcontratación para aquellas empresas cuya prestación consista fundamentalmente en empleo de mano de obra intensiva y herramientas manuales. En el resto de los supuestos se limitan hasta tres los niveles de intervención de las empresas subcontratistas.

La norma amplía además la representación de los trabajadores para la prevención de riesgos y exige una mejor formación para los trabajadores en prevención de riesgos laborales. Las empresas estarán obligadas a acreditar la formación recibida por la plantilla en esta materia.